El Gobierno de Navarra ha presentado públicamente la nueva Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas. Tras cerrar el año 2025 con 39 víctimas mortales, la cifra más baja desde 2001, las autoridades sanitarias han querido dejar claro que, a pesar de la mejoría de los datos, el suicidio sigue siendo un problema de salud pública multifactorial. Por ello, el nuevo plan trasciende el ámbito sanitario para involucrar a toda la sociedad en la prevención, detección y acompañamiento. 

Durante la presentación del documento, el director general de Salud, Antonio López, hizo hincapié en que este asunto no puede recaer únicamente sobre los hombros del sistema sanitario. De hecho, los datos revelan que solo una parte de las personas que se quitan la vida había accedido previamente a la red de salud mental.

Para hacer frente a esta realidad, la estrategia aboga por una implicación intersectorial: se requiere la participación activa de áreas como Derechos Sociales, Educación, fuerzas policiales, ayuntamientos y medios de comunicación. Fernándo Domínguez, consejero de Salud, indicó también que la vulnerabilidad se manifiesta con especial relevancia en personas mayores de 60 años, en gran medida debido a situaciones de soledad no deseada o desamparo, lo que exige respuestas desde los servicios sociales. Asimismo, indicó que se aplicarán tres niveles de prevención: universal (para la población general), selectiva (para grupos vulnerables) e indicada (para personas con riesgo identificado). 

Observatorio Navarro de Prevención

Una de las grandes novedades de la jornada ha sido el anuncio de la creación del Observatorio Navarro para la prevención del suicidio. Este nuevo ente dependerá directamente del Instituto de Salud Pública, por lo que se desvinculará de la asistencia de salud mental tradicional para centrarse en la prevención comunitaria. Su principal labor será analizar a fondo las causas, motivos y situaciones determinantes que empujan a una persona a tener conductas suicidas. Contará con la colaboración de forenses, policías y sociedad civil para evaluar también el impacto de los entornos digitales o el acoso. 

El proceso de elaboración de la estrategia, coordinado por la comisión institucional NaPRESUI, ha contado con seis grupos de trabajo que elaboraron un análisis DAFO para identificar las áreas y necesidades prioritarias. Esta labor de red ya está dando frutos concretos en el ámbito educativo, donde se ha implementado un protocolo de abordaje específico para intervenir tanto en las aulas como con las familias cuando se produce un caso en un colegio o instituto. Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los periodistas; para ello, se han editado trípticos con directrices sobre cómo informar adecuadamente en los medios de comunicación para evitar el temido efecto contagio y ayudar a desestigmatizar el problema. 

Nueve objetivos para frenar la curva

Aunque la serie histórica muestra una tendencia estabilizada con esos 39 fallecimientos recientes frente a los 36 que se contabilizaron en 2001, la gravedad del asunto sigue latente: el año pasado se activaron 247 códigos de suicidio en la comunidad y los datos de este primer semestre no parecen ser favorables. Para seguir reduciendo estas cifras, el plan se articula en nueve objetivos estratégicos: 

1. Mejorar los sistemas de información. 
2. Sensibilizar a la ciudadanía para construir una sociedad libre de prejuicios.
3. Extender la formación a todos los agentes implicados. 
4. Limitar el acceso a métodos letales.
5. Mejorar la detección en grupos de vulnerabilidad. 
6. Fomentar la detección temprana en el ámbito educativo. 
7. Coordinar las actuaciones de los servicios de emergencias. 
8. Coordinar e impulsar el abordaje en el ámbito sanitario. 
9. Proporcionar apoyo integral a familiares y supervivientes (postvención).

Precisamente el último punto, la atención a los supervivientes y familiares (conocida como postvención), es otro de los pilares del documento, un trabajo de acompañamiento que ya se viene desarrollando de la mano de asociaciones como Besarkada. El desarrollo de la estrategia estará supervisado por un comité de seguimiento que evaluará continuamente los indicadores de resultado. Todo ello con el fin de consolidar una respuesta coordinada que actúe a tiempo frente al fracaso social que supone cada pérdida.